El Pleno de lo Social del Supremo establece que no puede limitarse la viudedad de víctimas acreditadas de violencia de género al importe de la pensión compensatoria. La sentencia del 9 de octubre se divulga hoy.
La Sala Contencioso-Administrativa deniega las medidas cautelarísimas solicitadas por Ceuta tras la entrada de julio, pero no resuelve todavía el fondo del recurso.
Exteriores suspendió vacaciones y permisos consulares para completar una relación nominal del censo afectado. El Gobierno asegura que trabaja a buen ritmo; el tribunal amenaza con multas coercitivas.
La Sala Penal extingue las responsabilidades penales de cuatro dirigentes del procés tras el criterio del Constitucional, aunque critica una intromisión en su jurisdicción.
El instructor del Tribunal Supremo desestima un recurso de Vox y mantiene el levantamiento de las órdenes acordado el 6 de octubre. Critica la doctrina constitucional, sin dar por terminadas todas las actuaciones.
El alto tribunal confirma la revisión de liquidaciones de la CNMC tras la anulación del decreto de compensación. La sentencia distingue la cuantía irregular del posible derecho a otra retribución legal.
Los consulados advierten de que no podrán revisar a tiempo miles de expedientes antes del cierre del censo del 22 de octubre. La suspensión cautelar del Supremo y el recurso al Constitucional complican el 29-N.
La documentación llegará también a afectados por la suspensión cautelar, acompañada de una advertencia. La JEC intenta evitar un perjuicio general al CERA mientras el Supremo mantiene la última decisión judicial.
Documentos, sentencias y cronología: la pérdida gestacional de Ayuso, el caso de revelación de datos de su pareja, su libro «Íntimo» y el deber de separar la crítica política del daño personal.
La justicia mantiene en disputa los efectos electorales de determinadas altas en el CERA. Iustitia Europa reclama más medidas y el Gobierno pide levantar la suspensión.
El presidente del Constitucional reivindica la sentencia que obliga a reconsiderar la malversación del procés y se pronuncia sobre el rechazo en frontera.
El TC ha notificado al Supremo la sentencia que obliga a revisar la negativa a amnistiar la malversación del procés. Cinco magistrados discrepan y acusan a la mayoría de invadir el terreno del alto tribunal.
Investigación especial de El Estándar sobre ocho años de Pedro Sánchez: corrupción, causas judiciales, vivienda, COVID-19, La Palma, DANA, Adamuz, Ceuta, gestión de crisis y la decisión de llevar a España a elecciones el 29 de noviembre.
La Audiencia de Tarragona ha remitido al Tribunal Supremo la cuestión de competencia sobre la investigación que afecta al exministro Cristóbal Montoro y a empresas vinculadas al sector de gases industriales.
El Pleno del Constitucional no aprobó la ponencia que rechazaba el amparo de Jordi Turull. Eso cambia la dirección del caso, pero no equivale todavía a una sentencia que amnistíe automáticamente a Puigdemont o levante órdenes judiciales. Separamos hecho, inferencia y escenario.
El BOE publica sentencias del Tribunal Supremo que estiman parcialmente recursos contra el Reglamento de Extranjería. Entre los puntos anulados figura el artículo 197.2, relativo a la relación electrónica obligatoria, aunque el Gobierno conserva margen para imponerla a categorías concretas si justifica necesidad y proporcionalidad.
El Tribunal Constitucional ha comenzado a abordar los recursos sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación del procés. La decisión sobre Jordi Turull marcará el camino jurídico para otros dirigentes, incluido Carles Puigdemont, pero el calendario y los efectos procesales todavía no están cerrados.
La Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que desestime el recurso con el que el PP intentó obligar a Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta. En paralelo, el Pleno de la Cámara Alta ha aprobado formalmente un conflicto de atribuciones contra el Gobierno que puede terminar ante el Tribunal Constitucional. El fondo ya no es solo político: está en juego hasta dónde alcanza la potestad constitucional de las Cámaras para reclamar la presencia de los ministros.
A diferencia de tantas acusaciones que nunca superaron el terreno de la sospecha, los GAL dejaron sentencias firmes. El Tribunal Supremo estableció en el caso Marey que un ministro del Interior, altos cargos y mandos policiales autorizaron y financiaron con fondos reservados un secuestro ejecutado por sicarios en Francia. Otros procedimientos condenaron a policías por atentados y a mandos de la Guardia Civil y autoridades civiles por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Esta es la arquitectura judicial de la guerra sucia: qué quedó probado, quién fue condenado y dónde termina la sentencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende cautelarmente el derecho de sufragio de los beneficiarios ya inscritos en el CERA y también las nuevas altas mientras no se acredite el supuesto de exilio. La medida seguirá vigente hasta que haya sentencia sobre el fondo y no revoca por sí misma la nacionalidad concedida.