El Ministerio del Interior atribuye a los arrestados la difusión de convocatorias de actos violentos y la coordinación a través de grupos de mensajería.
Sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil abandonaron la sede de Interior en la madrugada del miércoles. Denuncian ruptura de la negociación sobre pensiones y profesión de riesgo.
Una comunicación atribuida a Interior identifica mensajes del entorno de Dáesh que alientan ataques contra agentes y manifestantes. No equivale a un atentado ejecutado ni a la existencia de un plan operativo identificado.
Una alerta informativa de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad identifica mensajes en un espacio afín al Dáesh que incitan a aprovechar protestas en España, Francia, Italia y Portugal. No se ha identificado un atentado inminente.
Los ministros Grande-Marlaska y Piantedosi acuerdan no prolongar los controles aéreos y marítimos activados tras la crisis de Ceuta. El BOE fijó el levantamiento automático de la medida española a las 00:00 del 23 de octubre.
La presión sobre la frontera de Ceuta exige distinguir llegadas detectadas, solicitudes de protección internacional, expedientes admitidos y resoluciones definitivas.
Un informe remitido por la Delegación del Gobierno a la Secretaría de Estado de Seguridad antes de la entrada masiva del 30 de julio advertía de la previsión de intentos de entrada que podían desbordar la capacidad de la ciudad.
Los audios de Villarejo demuestran que información sobre las saunas del entorno familiar de Pedro Sánchez circuló en la cúpula de Interior y fue considerada material de daño político. En 2026, el excomisario añade una acusación sobre servicios marroquíes que continúa sin corroboración independiente pública.
Interior ha iniciado los trámites para transformar la frontera marítima del Tarajal con una prolongación del espigón y una red de alta resistencia hasta el fondo. La obra responde a una vulnerabilidad física detectada en julio, pero también a un problema jurídico sobre qué puede considerarse elemento fronterizo.
A diferencia de tantas acusaciones que nunca superaron el terreno de la sospecha, los GAL dejaron sentencias firmes. El Tribunal Supremo estableció en el caso Marey que un ministro del Interior, altos cargos y mandos policiales autorizaron y financiaron con fondos reservados un secuestro ejecutado por sicarios en Francia. Otros procedimientos condenaron a policías por atentados y a mandos de la Guardia Civil y autoridades civiles por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Esta es la arquitectura judicial de la guerra sucia: qué quedó probado, quién fue condenado y dónde termina la sentencia.
La jueza María Tardón encargó al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras un análisis sobre la entrada masiva del 30-J y pidió máxima reserva a los policías que trabajaban para la Audiencia Nacional. El informe terminó describiendo una acción planificada, recogiendo indicios de «guiado activo» por agentes marroquíes y llegando a la prensa antes que a la cadena política de Interior. Marlaska reclamó explicaciones; el CGPJ y la Audiencia Nacional respaldaron a la magistrada. Detrás del choque hay una pregunta mayor: quién debe conocer, y cuándo, la inteligencia policial que nace dentro de una investigación judicial durante una crisis de seguridad nacional.
El documento policial de 55 páginas describe un 30-J planificado, una respuesta marroquí de “total permisividad”, agentes uniformados guiando cruces y alertas emitidas antes del colapso. Interior sostiene, al mismo tiempo, que ningún informe atribuye a las fuerzas marroquíes la planificación o ejecución y que el autor intelectual sigue sin identificar.