Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre CNI.
Las intervenciones del CNI se conocieron en 2022, pero los medios técnicos y contratos siguen reservados. Confrontamos las declaraciones de Sánchez con la ley, los controles y las 18 autorizaciones judiciales.
La operación para adquirir el 45 % de Boluda Maritime Terminals por 80 millones sigue sin autorización española. Defensa y el CNI participan en la evaluación; no consta un veto gubernamental definitivo.
Una información sobre el informe remitido a la jueza Tardón atribuye al CNI advertencias a los servicios marroquíes y pasividad fronteriza. No concluye que Rabat organizase las entradas.
La Audiencia Nacional investiga la crisis del 30 y 31 de julio y ha pedido informes a 21 unidades y organismos. Según Antena 3, el material remitido por el CNI no incorpora nuevos documentos sobre los buques marroquíes.
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Sánchez sitúa a Defensa en el segundo puesto de Madrid para el 29N y reivindica su amistad. La oposición relaciona la decisión con Ceuta, pero no hay prueba pública de un pacto de silencio.
El expediente FORTIS sobre Pegasus reúne pruebas forenses, testimonios sobre la DGST y cotejos de FIRS; no confunde filtraciones con autoría judicial.
El Español atribuye a tres informes clasificados la identificación de 72 personas con perfil militar o de inteligencia marroquí en Ceuta. Defensa afirma que esa cifra no le consta.
La jueza María Tardón ha encargado diligencias a unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, EMAD y otros organismos para reconstruir la entrada masiva del 30 y 31 de julio.
La investigación judicial intenta recuperar una red digital que empezó a desaparecer después de la entrada masiva. Fuentes de Seguridad del Estado citadas por prensa sostienen además que durante horas críticas del 30 y 31 de julio se perdió desde el exterior el acceso a determinados dispositivos o redes marroquíes. La desaparición de mensajes está acreditada como problema investigador; la atribución de esas ventanas de opacidad a una operación estatal marroquí no lo está.
La Audiencia Nacional ya no investiga sólo qué ocurrió en la frontera. La magistrada María Tardón ha abierto diligencias para identificar promotores digitales, uniformados marroquíes, posibles financiadores y niveles de mando; ha pedido información a inteligencia y fuerzas de seguridad, análisis biométricos, imágenes y rastreo financiero. El objetivo es reconstruir quién coordinó, quién financió y quién decidió. Lo que todavía no existe es una atribución judicial de autoría al Gobierno marroquí.
El llamamiento circula desde comienzos de septiembre y está siendo monitorizado por los principales servicios españoles de seguridad e inteligencia. No hay organizador oficial identificado, recorrido confirmado ni evidencia pública de que vaya a convertirse en una movilización física masiva.
Ceuta deja de ser una emergencia local. La actuación preventiva del Estado entra en el perímetro judicial mientras Bruselas eleva la crisis a problema europeo de seguridad, fronteras y resiliencia.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta se inhibe y remite íntegramente las diligencias sobre Miguel Ángel Pérez Triano a la causa del 30-J que dirige María Tardón. El traslado no declara responsabilidad penal ni convierte por sí solo al delegado en culpable: coloca ahora en manos de la Audiencia Nacional las decisiones sobre testigos, documentos y su eventual citación como investigado.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y ha pedido informe a la Fiscalía. La decisión lleva a una nueva fase una investigación que ya examina los avisos del CNI, la cadena de comunicaciones y la respuesta española antes del 30-J.
La cifra de 82 detenidos se ha convertido en un atajo engañoso. Interior la reservaba exclusivamente al yihadismo dentro de España y con datos cerrados al 28 de julio. Su propia tabla internacional sumaba ya 91 detenciones entre yihadismo y otros grupos. El Estándar reconstruye el mapa completo y separa terrorismo, radicalización violenta, perfiles de interés y crimen organizado para no fabricar una cifra falsa.
La búsqueda de una gran caja financiera no ha producido prueba pública. El rastro del 30-J se fragmenta entre pagos individuales, transportistas y facilitadores. En cambio, la cadena institucional se estrecha: el wali representa al poder central, la cúpula de seguridad estaba en M’diq y DGST/DGED habían recibido una alerta española. El salto que falta es una comunicación de mando.
Jorge Gómez cuestiona la desclasificación de los informes y advierte de un posible coste para la confianza entre servicios de inteligencia. Los documentos publicados por el propio Gobierno confirman que antes del 30-J existieron varios avisos, aunque ninguno anticipó la magnitud final de la crisis.
No es una sospecha lateral: la Audiencia Nacional habla de «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos; CENIF describe «guiado activo», planificación y una capacidad superior a la de las mafias ordinarias; y el CNI había avisado a DGST y DGED la víspera. El aparato de seguridad marroquí ya está materialmente dentro del expediente. La incógnita que convierte el caso en un problema de Estado es hasta dónde sube la cadena de autorización.
Los documentos desclasificados acreditan una cadena creciente de señales del CNI, CENIF y otros organismos. La ley sitúa la dirección del Sistema de Seguridad Nacional en el presidente. La evidencia pública no demuestra que se anticiparan 70.000 entradas, pero tampoco permite sostener que no hubiera warning previo.
Moncloa publica 40 informes y comunicaciones que permiten reconstruir por primera vez la cadena previa al 30-J. El 29 de julio el CNI trasladó a Delegación del Gobierno y a una unidad de Guardia Civil una convocatoria para el día siguiente por mar y valla. Ese mismo día, una nota interna del CENIF elevó los cruces a nado a “RIESGO MUY ALTO” y activó “ALERTA TEMPRANA”. Los documentos no muestran, sin embargo, una previsión previa de la escala final de más de 70.000 entradas.
El ex alto cargo de la DGED vuelve al centro de una de las historias más sensibles de la relación España–Marruecos. Su paso por la inteligencia exterior marroquí, el expediente de extradición abierto en Madrid y su posterior fuga están documentados. Su ubicación actual en España, su papel operativo en Pegasus y su eventual vínculo con Jabaroot proceden de nuevas revelaciones periodísticas y requieren distintos niveles de corroboración.
El Consejo de Ministros abre hoy una parte de la documentación reservada sobre el 30-J. Los informes del CNI que se pretende hacer públicos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El Gobierno sostiene que ninguno anticipó la escala de la entrada masiva; mañana los documentos permitirán contrastar esa versión con la cadena real de alertas, receptores y decisiones.
El Real Decreto-ley 22/2026 desglosa 74.033.475 euros en suplementos para Defensa: 25 millones en inversión militar asociada al funcionamiento operativo, más de 30 millones en productividad y gratificaciones, partidas de logística y comunicaciones y una transferencia específica de 10 millones al Centro Nacional de Inteligencia. El crédito del CNI podrá reasignarse para atender las necesidades previstas por la norma.
Veintidós años separan los atentados de Madrid y la crisis de Ceuta, y no hay pruebas de que respondan a una misma operación. Sí existe, en cambio, un patrón institucional documentable: amenazas que crecen a la vista del Estado, información fragmentada entre organismos, respuestas que no escalan a tiempo y una relación con Marruecos que después de cada crisis adquiere todavía más peso.
El Real Decreto 681/2026 ha colocado la crisis de Ceuta bajo una coordinación reforzada inédita. Ángel Víctor Torres dirige funcionalmente prioridades y recursos, pero Interior, Defensa, Exteriores y la Ciudad conservan sus competencias y cadenas de mando. Ésta es la arquitectura real del llamado “mando único”.
El Gobierno ceutí sostiene que el 27 de julio trasladó al Estado que la ciudad entraba en una zona de alto riesgo, reclamó emergencia, mando único y más medios y recibió una respuesta tranquilizadora. Moncloa admite contactos y avisos, pero sostiene que ninguno anticipó la escala ni la probabilidad de lo ocurrido. El Estándar reconstruye las dos versiones y el reloj de decisiones.
Entre el 27 y el 30 de julio circularon señales por circuitos policiales, de inteligencia y militares. El Estado ya admite la existencia de avisos previos; la cuestión es cuándo se valoraron, quién los recibió y qué decisiones produjeron. Con la Fiscalía respaldando la investigación de la Audiencia Nacional, ese reloj de avisos deja de ser sólo una controversia política y pasa a tener relevancia judicial.
Pedro Sánchez prometió publicar todos los informes disponibles sobre las alertas previas al 30-J. Dos días después, el dossier sigue sin aparecer. Para explicar qué supo el Estado, cuándo lo supo y por qué la respuesta no cambió antes, Moncloa tendrá que mostrar el reloj completo de avisos, distribución y decisiones.
El Gobierno sostiene que ningún informe anticipó la escala de la entrada masiva. Pero el expediente público ya reúne una alerta militar fechada el 27 de julio, dos notas del CENIF del 28 y 29, una comunicación del CNI en Ceuta y un nuevo informe de la Guardia Civil entregado este 4 de septiembre. La cuestión ya no es si existieron señales, sino cómo fueron valoradas, a quién llegaron y por qué no alteraron a tiempo el nivel de respuesta.
Sentencias de la Audiencia Nacional, informes atribuidos al CNI y más de tres décadas de episodios públicos permiten reconstruir un patrón recurrente de cobertura oficial, colaboradores locales, vigilancia de opositores y operaciones de influencia. La paradoja es que Rabat es, al mismo tiempo, uno de los socios de seguridad más importantes de Madrid.
