Roberto Roselli declara ante el juez José Luis Calama que la aerolínea destinó el 1% del rescate público de 53 millones a Julio Martínez Martínez por presuntas gestiones vinculadas a la ayuda y sostiene que el denominado «Grupo Zapatero» adelantó que el rescate sería aprobado. Zapatero niega haber intervenido y, por ahora, no está acreditado qué gestión concreta habría realizado.
Neil Fernández · El Estándar · Madrid · 8 de septiembre de 2026 · 15:10
MADRID.— La investigación judicial sobre el rescate público de Plus Ultra ha dado este martes un nuevo salto. Roberto Roselli, exconsejero delegado de la aerolínea, ha declarado como investigado ante la Audiencia Nacional y ha ratificado que la compañía destinó 530.000 euros —el 1% del rescate de 53 millones concedido por el Estado— a Julio Martínez Martínez, empresario próximo a José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntas gestiones relacionadas con la obtención de la ayuda.
La declaración tiene especial relevancia porque coincide en sus elementos centrales con la ofrecida un día antes por Julio Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de Plus Ultra. Los dos exdirectivos sitúan una comisión condicionada al éxito del rescate en el centro de las gestiones y vinculan a Martínez Martínez con el entorno del expresidente del Gobierno. La coincidencia, sin embargo, no resuelve todavía la cuestión decisiva: qué hizo exactamente Zapatero, ante quién y con qué efecto sobre la decisión de la SEPI.
530.000 euros: la comisión que vuelve a aparecer ante el juez
Europa Press informa de que Roselli se ratificó en el escrito que había presentado en julio y sostuvo que Plus Ultra dedicó el 1% del rescate a pagar a Julio Martínez Martínez por presuntas gestiones del expresidente en favor de la ayuda. Un 1% de 53 millones equivale a 530.000 euros.
La existencia de ese pago no demuestra por sí sola que el dinero llegara personalmente a Zapatero ni que el expresidente cometiera una conducta ilícita. Lo que sí coloca ante el juez es una estructura que debe ser reconstruida documentalmente: quién contrató, qué servicio se prometió, qué facturas se emitieron, qué trabajos se entregaron, qué comunicaciones existieron y cuál fue el destino final de los fondos.
Roselli habla de «presionar a la SEPI»
La Sexta recoge una afirmación todavía más directa de Roselli: según su declaración, el expresidente habría sido contratado para «presionar a la SEPI» con el objetivo de lograr la concesión del rescate. La frase eleva el interés penal de la investigación, pero debe mantenerse correctamente atribuida: es la versión ofrecida por un investigado ante el juez, no una conclusión judicial ni una sentencia.
El propio Roselli, según las informaciones publicadas tras el interrogatorio, no habría detallado qué llamadas, reuniones o contactos concretos habría realizado Zapatero. Esa ausencia de concreción es una de las fronteras probatorias más importantes de la causa.
Un aviso una semana antes de la aprobación formal
El Español publica que Roselli declaró además que el denominado «Grupo Zapatero» comunicó a la cúpula de Plus Ultra que el rescate sería aprobado aproximadamente siete días antes de la decisión formal. Si ese extremo se acredita con mensajes, correos, notas o testimonios independientes, el reloj de la decisión pública se convertiría en una pieza central del procedimiento.
Conocer anticipadamente que una ayuda va a ser aprobada no prueba por sí solo un delito. Puede existir información anticipada por vías lícitas, una previsión empresarial o una comunicación informal. La cuestión judicial será determinar quién proporcionó la información, cuándo la obtuvo, cuál era su grado de certeza y si existía una actuación de influencia detrás de ese conocimiento.
Los informes que, según Roselli, apenas se leían
Cadena SER ha informado de que Roselli describió como irrelevantes buena parte de los informes utilizados para justificar los pagos a la consultora vinculada a Martínez Martínez y señaló que apenas se leían. Esa versión, si queda respaldada por el contenido de los informes y por la documentación mercantil, puede ser relevante para diferenciar una consultoría real de una cobertura contractual para remunerar capacidad de intermediación.
El análisis debe ser contable y documental. No basta con que un informe sea malo o poco útil para demostrar tráfico de influencias. Será necesario cruzar entregables, facturas, transferencias, fechas, comunicaciones y decisiones públicas para conocer qué se estaba pagando realmente.
Dos exdirectivos, una misma comisión y un límite común
La declaración de Roselli llega después de la comparecencia de Julio Martínez Sola. RTVE informó el 7 de septiembre de que el expresidente de Plus Ultra se ratificó ante Calama en la existencia de la comisión del 1% y afirmó que daba por hecho que esa cantidad estaba destinada al llamado «grupo Zapatero».
Las versiones convergen en la comisión, el intermediario y el contexto del rescate. Pero también convergen en una limitación: ninguno de los dos ha podido concretar públicamente qué gestión específica habría realizado Zapatero, sobre qué responsable de la SEPI habría influido o qué comunicación habría provocado una decisión favorable.
Zapatero niega haber intervenido
José Luis Rodríguez Zapatero rechaza esa interpretación. El expresidente ha negado ante el juez haber intervenido para obtener el rescate de Plus Ultra y ha negado conocer un contrato del 1% destinado a remunerar una mediación suya. La defensa ha cuestionado además el alcance de la investigación, aunque el juez Calama rechazó recientemente el incidente de nulidad promovido por Zapatero.
Por tanto, el expediente contiene hoy una contradicción frontal: varios investigados describen pagos y expectativas de influencia vinculadas al entorno del expresidente; Zapatero niega haber utilizado su posición o sus contactos para conseguir la ayuda. Resolver esa contradicción exige documentos y trazabilidad, no titulares.
La pregunta central: ¿qué se estaba pagando?
El caso empieza a concentrarse alrededor de una pregunta sencilla: ¿qué servicio justificaba realmente los 530.000 euros? Si se trataba de consultoría ordinaria, deberá poder reconstruirse su objeto, utilidad, entregables y valor de mercado. Si el dinero remuneraba una capacidad de intermediación ante el Estado, habrá que identificar quién ofreció esa influencia, qué contacto realizó, ante qué autoridad y con qué resultado.
La investigación también deberá determinar si el supuesto aviso anticipado sobre la aprobación del rescate puede conectarse con una fuente institucional concreta. Ese punto es especialmente sensible porque podría permitir reconstruir un decision clock: información conocida → canal de transmisión → receptor → momento → decisión formal.
Lo que cambia con la declaración de Roselli
La comparecencia de este martes no cierra el caso, pero sí eleva la consistencia interna de una parte de la hipótesis investigada. Ya no existe únicamente la versión de un antiguo presidente de la compañía: un segundo exdirectivo relevante sostiene ante el juez una estructura similar de pago y mediación. La siguiente fase debe abandonar las interpretaciones y seguir el dinero y las comunicaciones.
El Estándar mantendrá esta URL como pieza madre de la declaración de Roselli y la actualizará si se incorporan al procedimiento correos, mensajes, contratos, movimientos bancarios, transcripciones de la declaración o nuevas resoluciones del magistrado José Luis Calama.
